Con un pie en libertad: Adriana Albrecht podría abandonar la cárcel de Valle de Bravo, dudoso juicio que implica a jueces del Edomex.
Adriana Albrecht Figueroa, sentenciada por jueces mexiquenses a varios años de prisión tras acusar a su esposo, un poderoso empresario de la industria eronáutica, de abusar de su pequeña hija, podría quedar en libertad por órdenes de la Suprema Corte de Justicia, hasta donde llegó el juicio.
Esta es parte de su caso, que de prosperar, podría poner de relieve la forma en que opera la justicia en el Estado de México.
La promoción de un amparo directo está por resolverse en las próximas horas y el proyecto, publicado ya desde este martes, propone su liberación inmediata.
La promoción de un amparo directo está por resolverse en las próximas horas y el proyecto, publicado ya desde este martes, propone su liberación inmediata.
Reporte Original de Libertarium publicado en julio del 2015 y retirado del blog durante algunas semanas por presiones de abogados de Javier Ortega Olive.
La historia de Adriana Albrecht
Figueroa, recluida desde el 2013 en un penal estatal, podría muy bien
ejemplificar cómo opera la justicia en el estado de México, donde tras
denunciar a su esposo de actos libinidosos en contra del padre de su hija, a
los pocos meses fue detenida y encarcelada con las mismas pruebas que utilizó
para intentar protegerla.
Ahora no solo está en la cárcel sino que
podría perder la patria potestad y custodia de la menor para siempre,
como resultado, todo parece indicar, de una red de influencias con poder
económico utilizada por el padre para someter a procuradores, ministerios
públicos, jueces y magistrados, como dueño de la más importante empresa de
"taxis privados" que opera en el aeropuerto de la ciudad deToluca:
"Aerolíneas Ejecutivas SA de CV".
En un hecho extraño en que la justicia
da volteretas, Adriana entrevistó y videograbo a su hija, de entonces tres años
de edad, para que le platicara las formas en que su papá la tocaba, a fin de
probar el delito de actos libinidosos y la posibilidad de un probable caso de
pederastia.
El video de orden privado fue entregado
a la procuraduría general de justicia del estado de México, como prueba en
contra del empresario, no obstante la prueba fue desestimada y el 18 de
abril del 2011, el Ministerio Público con sede en Valle de Bravo, determinó el
“no ejercicio de la acción penal” y lo dejó libre.
Ante esta determinación ministerial, la
defensa de Adriana logró un "amparo para efectos" que le otorgó un
juez federal, a fin de que el Ministerio Público responsable se “abstuviera de
valorar” las pruebas que presentaba el “acusado” en los términos que lo hacía,
es decir favoreciéndolo ampliamente y tomara en consideración las de la
defensa.
En respuesta la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (PGJEM) dio cumplimiento a ese amparo, citando a
Adriana y preguntándole si tenía más pruebas que aportar, pero sin
otorgarle tiempo a la defensa para hacerlo, por lo que
finalmente ratifica el no ejercicio de la acción penal a favor del
empresario y lo deja libre.
En este lapso el Ministerio
Público "ordenó" un peritaje en psicología
que sorprendentemente favoreció al empresario, además de que Adriana
recibió una llamada de la procuraduría general de justicia de la entidad,
advirtiéndole que el caso se "estaba cerrado".
Pero la pesadilla, apenas empezaba. Al
librar la prisión, el empresario solicita copias del expediente y utilizando
las videograbaciones usadas en su contra, presentó cargos contra su esposa por
el delito contemplado en el artículo 204 del Código Penal que protege a “los
menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado
del hecho”, bajo el argumento de que ella abuso de su hija al videograbarla y
fue ella y no él, quien la utilizó en actos eróticos.
De esta forma el 19 de noviembre del
2012 un juez estatal libra la orden de aprehensión contra Adriana, es detenida
el 18 de agosto del 2013 y juzgada bajo la causa 07/2013 por el Jugado Mixto de
Primera Instancia de Valle de Bravo y, desde entonces se encuentra presa en el
penal de demarcación.
De esta forma los videos con los cuales
pretendía proteger a su hija que actualmente cuenta con 7 años de edad y no ha
logrado ver desde entonces, se han convertido en la principal prueba en su
contra, pues fue sentenciada el 5 de febrero de este año a 5 años y 3 meses de
prisión.
Entrevistado en la ciudad e Toluca, su
abogado, Erick Garay, aseguró que con solo 5 años hubiera logrado alcanzar
beneficios de preliberación y seguramente ya hubiera dejado la cárcel, pero los
tres meses que le adicionó el juez son los justos que le impiden ese beneficio.
INCONSISTENCIAS
De acuerdo al abogado Erick Garay,
durante el proceso de Adriana se aportaron pruebas que no fueron tomadas
en cuenta, ya que el punto a discusión se centró en la posibilidad de que ella
hubiese manipulado a la niña durante la videograbación.
En este caso dos peritos expertos en
psicología dieron su dictamen a favor de Adriana, señalando que la menor
aparece hablando de forma espontánea y natural; mientras que el empresario,
ofreció como prueba en contra, los peritajes y opiniones que le dieron la
libertad en el primer caso y que curiosamente surgen del Ministerio Público de
Valle de Bravo.
Ante la diversidad de opiniones, el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México determinó presentar un
“perito en discordia” el cual confirmó en su dictamen que la niña había hablado
espontáneamente y no había sido manipulada.
Este dictamen sin embargo fue desechado
y finalmente el Juzgado Mixto Penal de Primera Instancia que llevó el caso, la
declaró culpable. La juez argumento que el único peritaje con valor probatorio
para ella, era el elaborado por el Ministerio Público, el cual no hizo una sola
entrevista personal a Adriana Albrecht en la cárcel, para estudiar y asegurar
lo que dice: "que ella indujo a su hija".
La sentencia fue apelada y los
magistrados estatales la confirmaron en una suerte de criterios
coincidentemente exactos entre una instancia y otra de la justicia mexiquense.
Por otra parte Adriana fue procesada y
juzgada bajo el anterior sistema inquisitorio (tendiente a desaparecer), no
obstante que el sistema de justicia penal entregó en vigor en Valle de Bravo el
primero de octubre de 2011, mientras que la primer denuncia contra ella se presentó
el 19 de diciembre 2012, actos reclamados por la defensa que tampoco fueron
tomados en cuenta, lo mismo que argumentos vertidos contra la violación a los
Derechos Humanos de la niña, debido a que los videos fueron filtrados por la
procuraduría general de justicia de la entidad a diversas instancias y
funcionarios del gobierno estatal y abogados.
Paralelamente, Adriana ha tenido que
enfrentar otro juicio por la vía civil, ya que su esposo busca que se le
declare con “incapacidad mental y peligrosa para su hija” y en semanas previas
solicitó el trámite judicial necesario para obtener el pasaporte de la menor y
al parecer sacarla del país.
Actualmente se encuentra en trámite otro
amparo ante un juez federal, en contra de la sentencia condenatoria dictada a Adriana
Albrecht, mientras que la niña se encuentra bajo la custodia de su padre, quien
le impide verla lo mismo a su familia.
En una rápida plática vía telefónica,
Adriana confirmó que no ha visto a su hija desde que fue detenida y que su
principal temor es que el empresario logre sacarla del país, ya que no solo
cuenta con el poder económico y la influencia política para hacerlo, sino con
toda una flota de aeronaves a su servicio,
Pero su mayor temor es el daño que
enfrenta su hija, cuyo nombre es reservado, ya que Ortega Olive es actualmente
un hombre de 68 años de edad, vive solo con ella y no permite verla a ninguno
de sus familiares, quienes han intentado por diversos medios obtener permisos
de las autoridades mexiquenses para constatar la situación de la niña.
QUIEN ES ORTEGA OLIVE
Arturo Javier Ortega Olive, es un hombre
no solo multimillonario, también poderoso, con una indiscutible influencia
política y económica en el país pero particularmente en el Estado de México
donde concentra su negocios.
Es el principal accionista de la firma
de taxis aéreos preferida por empresarios y personajes de la clase política
mexiquense, y cuyas principales operaciones se concentran en el Aeropuerto
Internacional de Toluca, donde ocupa el Hangar Número 9.
La firma aérea “Aerolíneas Ejecutivas SA
de CV”, no solo renta aeronaves privadas a políticos y empresarios, también se
ha visto envuelta en escándalos diversos, como cuando Josefina Vázquez Mota,
fue acusada, como candidata a la presidencia de la República, de volar en un
taxi aéreo que formaba parte de la flotilla de la empresa, pero cuya propiedad
se atribuía al narcotraficante Francisco “Poncho” Colorado Cessa, acusado en
Estados Unidos de lavar dinero a favor del grupo criminal “los Zetas”.
Apenas el pasado mes de mayo, la empresa
presentó sus nuevos seis jets privados, Bombardier Learjet 75, que puso en
operación de inmediato como parte de un servicio de “excelencia” para sus
clientes más exclusivos.
Esta firma también brinda servicios a
políticos durante campañas electorales, aunque el 80% de sus vuelos son para
atender “negocios” de empresarios que contratan sus servicios hasta en unos 20
mil pesos si se trata, por ejemplo, de un vuelo internacional a Estados Unidos.
La empresa con al menos 30 aeronaves es al
mismo tiempo representante de las marcas Bombardier, Beechfraf y HondaJet en
México.
Además de lo anterior, Ortega Olive es
dueño de la empresa "Marke SA de CV", la más importante
comercializadora por internet del país; así como socio de la firma
"Princes", constructura de barcos en Europa.
Staff
